Debate legislativo en Santa Cruz

En diálogo con Infomedia24, el presidente de la Asociación de Inmobiliarios de Santa Cruz, Pedro Sebastián Uribe, cuestionó el avance de un proyecto de ley impulsado por la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos que busca regular la actividad inmobiliaria. Aseguró que su sector no fue consultado y reivindica un proyecto propio presentado en 2023 que propone la creación de un colegio específico para corredores inmobiliarios en la provincia.

“Nuestro proyecto busca profesionalizar la actividad inmobiliaria sin excluir a quienes la vienen ejerciendo desde hace años”, afirmó Pedro Sebastián Uribe, presidente de la Asociación de Inmobiliarios de Santa Cruz, en diálogo con Infomedia24.

Uribe, también titular de Uribe Inmobiliaria, explicó que existen actualmente dos iniciativas legislativas orientadas a regular la actividad: una presentada por su asociación en 2023 (expediente 410/23) y otra más reciente, promovida por la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos, que —según denunció— fue elaborada sin participación del sector inmobiliario.

“No es la primera vez que se presenta un proyecto desde nuestra asociación. Debe haber entre seis y ocho intentos previos, siempre buscando regular y profesionalizar la actividad”, señaló Uribe. Sin embargo, lamentó que el proyecto 410/23 no avanzara por falta de quórum en las últimas sesiones legislativas del período anterior.

Respecto a la iniciativa impulsada por la Asociación de Martilleros, Uribe fue contundente: “No tienen representatividad en el sector inmobiliario. Entre sus asociados, slo hay dos o tres oficinas habilitadas. Pretenden regular una actividad que no representan ni conocen con profundidad”.

El proyecto 410/23, según detalló, contempla la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Cruz y propone un sistema transitorio para reconocer y matricular a quienes ejercen la actividad sin título universitario, pero con trayectoria comprobada.

“La idea es profesionalizar la actividad reconociendo la preexistencia. Tal como ocurrió con profesores, contadores o técnicos cuando se formaron sus respectivos colegios. Se otorga una matrícula por idoneidad, válida hasta su extinción natural, es decir, cuando el matriculado deja de ejercer, se jubila o fallece”, explicó.

Además, aclaró que, si bien el título universitario de martillero incluye también el de corredor público, la especificidad del corretaje inmobiliario amerita la existencia de un colegio propio, separado del de los martilleros, como ya sucede en otras provincias. Citó el caso de Córdoba, donde “la justicia ordenó separar los colegios por las características propias de cada actividad”, y mencionó que algunas universidades ya ofrecen carreras exclusivas de corretaje inmobiliario.

En este sentido explicó que en numerosas profesiones se han otorgado matrículas por idoneidad, especialmente en procesos de regularización o creación de colegios profesionales. “Esto también ocurrió en Santa Cruz —explicó Uribe—. Por ejemplo, cuando se conformó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se matriculó a idóneos que ya venían ejerciendo. Recuerdo un estudio contable muy importante de la ciudad que tenía un contador público y dos idóneos que fueron reconocidos y habilitados formalmente. Lo mismo ha sucedido en distintas actividades, siempre considerando la experiencia de quienes venían desarrollando la tarea”.

En el caso del corretaje inmobiliario, detalló que la carrera universitaria de Martillero y Corredor Público —que abarca también el corretaje inmobiliario— fue creada recién en diciembre de 1999 con la Ley 25.028, modificatoria del Decreto Ley 22.66 de 1973. Esta norma contempló un período transitorio para el reconocimiento de quienes ya ejercían la actividad. “Incluso el colegio más importante del país que agrupa a más de 8.000 profesionales en la Ciudad de Buenos Aires, estableció en sus disposiciones transitorias que serían matriculados aquellos idóneos que acreditaran al menos dos años de ejercicio previo a su creación”, señaló.

“En nuestra asociación contamos con muchos profesionales universitarios trabajando en nuestras oficinas, y varios de ellos son titulares de inmobiliarias”, añadió Uribe, destacando que el sector combina experiencia, formación y una participación activa en el desarrollo económico de la provincia.

Uribe remarcó que la asociación representa al 90% de las inmobiliarias legalmente habilitadas en la provincia, con un alto nivel de formación profesional: “En mi caso, mi hija es profesional recibida en la Universidad Nacional de La Plata, y lo mismo ocurre en muchas oficinas de nuestros asociados”.

“No se trata de una lucha entre profesionales e idóneos, ni queremos usurpar títulos. Queremos reglas claras, profesionalizar, y que quienes realmente representamos la actividad podamos decidir sobre ella”, cerró.

Por último, el titular de la asociación sostuvo que el nuevo proyecto de ley presentado por los martilleros, identificado como expediente 367/25, “atrasa” el proceso de profesionalización y representa un retroceso: “Sabemos que a la corta o a la larga, si se aprueba, terminará separándose como ha pasado en todos los colegios profesionales del país”, cerró.