La Justicia de Estados Unidos concedió este martes una suspensión administrativa temporal al fallo que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF en el marco de la causa por la expropiación de la petrolera. Se trata de una medida que representa un alivio transitorio para el país, en tanto impide –al menos por ahora– avanzar con la transferencia de esos activos a los fondos litigantes encabezados por Burford Capital.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que emitió la suspensión para permitir una evaluación ordenada de los argumentos presentados por ambas partes en el proceso.

El cronograma fijado por el tribunal establece que los demandantes deberán presentar su oposición a una suspensión más prolongada antes del jueves 17 de julio, mientras que el Estado argentino tendrá tiempo hasta el martes 22 para responder en detalle.

Tras la presentación de esos escritos, un panel de tres jueces evaluará si corresponde extender la suspensión durante todo el proceso de apelación de fondo. En caso de aceptarse, la orden emitida por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio –que obliga a la entrega inmediata de las acciones– quedaría suspendida hasta que se resuelva la apelación de fondo iniciada por Argentina.

Qué dijo Sebastián Soler

El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, quien integró el equipo legal del Estado durante la presidencia de Alberto Fernández y estuvo a cargo de esta causa durante cuatro años, detalló en la red social X los próximos pasos:

17 de julio: Burford presentará su oposición a la extensión de la suspensión.

22 de julio: Argentina responderá con argumentos a favor de prolongar la medida.

Posteriormente, se elegirá el panel de tres jueces que deberá resolver sobre esta cuestión.

Soler advirtió que la Cámara no tiene un plazo específico para decidir sobre este punto. En caso de rechazar el pedido argentino, la orden de entrega de acciones volverá a estar vigente. Por el contrario, si se acepta, la Argentina no deberá desprenderse del paquete accionario de YPF hasta que se resuelva la apelación de fondo, que difícilmente se decidiría antes de 2026, según estimó el exfuncionario.

La sentencia original –también dictada por Preska– condenó al país a pagar 16.100 millones de dólares por la manera en que se concretó la expropiación de YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.