La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por una amplia mayoría los proyectos impulsados por la oposición para incrementar los haberes jubilatorios en un 7,2%, aumentar el bono previsional a $110.000 y extender por dos años la moratoria previsional. Las medidas, que ahora deben ser tratadas por el Senado, fueron rechazadas por el oficialismo y ya generaron una respuesta contundente del presidente Javier Milei: serán vetadas si obtienen sanción definitiva.

La votación del aumento jubilatorio arrojó un contundente resultado de 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, con el respaldo de bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, el Movimiento Popular Neuquino y algunos sectores de la UCR y el PRO. La extensión de la moratoria, sin embargo, fue más reñida: se aprobó con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones.

Desde el oficialismo, La Libertad Avanza calificó la iniciativa como “populista e irresponsable” y advirtió que su implementación representa un costo fiscal estimado en 12.000 millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI, según voceros del Gobierno. El Ejecutivo argumenta que esa cifra afectaría gravemente su objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y por eso ya anticipó el uso del veto presidencial.

Las claves del proyecto aprobado

La iniciativa contempla tres medidas centrales:

Un aumento del 7,2% en los haberes mensuales, que se sumará al cálculo base de futuras actualizaciones.

Un incremento del bono previsional de $70.000 a $110.000, aplicable a jubilaciones mínimas y ajustable por inflación.

La prórroga por dos años de la moratoria previsional, permitiendo a personas sin aportes suficientes acceder a una jubilación básica.

Además, a propuesta del diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), se incorporaron mecanismos de financiamiento que incluyen la derogación de exenciones tributarias al IVA para directores de empresas, a Ganancias para sociedades de garantías recíprocas, y la reasignación de partidas como los fondos destinados a la ex SIDE (actual AFI).

También se propone el uso del ahorro por baja en la tasa del FMI y la nacionalización de recursos provenientes de registros automotores.

Reacciones cruzadas

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz defendió el aumento, señalando que busca compensar la inflación acumulada desde la devaluación de diciembre de 2023. Carlos Heller, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, afirmó que “los parches también son soluciones” cuando el ajuste golpea a los sectores más vulnerables.

En contraste, el diputado oficialista Álvaro Martínez (LLA) sostuvo que la propuesta es una “estafa a los jubilados” y acusó a la oposición de usar al sector previsional como herramienta electoral. Desde el radicalismo, Lisandro Nieri pidió una “reforma integral” del sistema y sugirió que el aumento debería salir del superávit fiscal, no de nuevas erogaciones.

Milei: “Vetaré cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal”

Apenas conocida la aprobación en Diputados, el presidente Javier Milei reaccionó en su cuenta de X con un mensaje tajante:

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma, nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.”

En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni remarcó que el Gobierno vetará “todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal”. El Ejecutivo considera que el programa económico debe mantenerse sin concesiones, aún frente a presiones sociales o parlamentarias.

Lo que viene

El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado de la Nación, donde el oficialismo tiene una posición más débil. Si logra el mismo respaldo que en Diputados, el presidente tendría la última palabra con el uso del veto presidencial, que podría desatar una nueva confrontación política con la oposición y los sectores sociales más afectados.

En medio de una economía aún inestable, el debate sobre las jubilaciones refleja una profunda grieta entre el plan de ajuste libertario y las demandas sociales por recomposición de ingresos en los sectores más vulnerables.