Santa Cruz, como en otros distritos del país, se prepara para las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de octubre. El recambio de representantes implicará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En la provincia son tres de cinco, las bancas de diputados que están en juego. A pesar de los plazos que establece la Ley, muchos candidatos ya iniciaron sus acciones preelectorales. En paralelo, crece el debate sobre la regulación de la campaña electoral y la publicidad en medios y redes sociales.

Por ejemplo, en la provincia, a horas del cierre de listas, el candidato de La Libertad Avanza en Santa Cruz y referente del gobierno nacional, Jairo Henoch Guzmán, generó polémica tras publicar en sus redes sociales mensajes proselitistas en apoyo a su candidatura. Esta situación incumple la Ley, porque según el cronograma oficial, la campaña electoral comienza recién el 27 de agosto. La difusión anticipada constituye una violación a la normativa vigente. Atención, no es el único caso.

De acuerdo con la legislación electoral, cualquier publicación o propaganda realizada fuera de los plazos establecidos se considera una falta y además debe ser declarada como gasto de campaña. La advertencia cobra fuerza en este caso porque Guzmán no es un dirigente menor: además de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Cruz, mantiene un rol directo en el gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

El candidato posteó en sus redes: “No importan las estrategias del Kirchnerismo Vidalero para debilitar al presidente Javier Milei. Buscan allanar el camino para el regreso de los kukas en la provincia. Tibios, zurdos, inútiles e inmorales juntos contra Javier Milei. Esta elección o apoyas al presidente Milei o apoyas al kirchnerismo”, dijo ofensivamente.

La anticipación de Guzmán en la difusión de consignas políticas genera suspicacias no solo en el terreno jurídico, sino también en el político, ya que su figura busca posicionarse en medio de un crisis donde las personas de la tercera edad son de los más vulnerables. Este candidato, además de ser el presidente del partido libertario, es el responsable local del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados de Nación.

Esto es un serio incumplimiento a la ley, ya que más allá de presentarse como candidato, de una manera indirecta se encuentra pidiéndole el voto a la población, cuestión que está claramente normado en el Código Nacional Electoral.

Además, su mensaje es de pública visualización, ya que se trata de un espacio pagado por el propio Guzmán en redes sociales, a través de la modalidad de publicidad. Desde este punto, ya debería declarar el gasto de esos fondos a la Justicia.

Publicidad electoral y marco normativo

La legislación vigente establece plazos estrictos para la campaña. Según el Artículo 64 del Código Nacional Electoral, la propaganda en medios gráficos, vía pública, internet, telefonía y espectáculos públicos “sólo podrá tener lugar durante el período de campaña establecido en esta ley”.

El texto señala además que el Juzgado Federal con competencia electoral debe disponer de forma inmediata el cese automático de los avisos que se difundan fuera de los tiempos y atribuciones fijados.

Pese a ello, desde ya pueden observarse casos de publicidad electoral anticipada, como carteles, spots o publicaciones en redes sociales con nombre y rostro de dirigentes, incluso antes de los 35 días previos a la votación. La Justicia identifica incumplimientos cuando aparecen elementos como el sello partidario, la mención al cargo o un pedido expreso de voto.

La visión de la Justicia y los especialistas

Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) reconocen que controlar los plazos es un desafío común en todo el mundo. En Argentina, rige la prohibición de hacer publicidad electoral antes de los 35 días previos a los comicios, aunque la detección de infracciones presenta “muchos grises”, principalmente en redes.

Una sentencia de 2015 determinó que los gastos de promoción realizados antes del inicio formal de la campaña deben declararse y contabilizarse como parte del financiamiento electoral. Por ello, la CNE exige a los partidos declaraciones juradas sobre estos fondos para garantizar transparencia.

El objetivo de los plazos legales es reducir el gasto y evitar inequidades, aunque en la práctica “ese objetivo no se logra”.