La discusión sobre la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz no es solo un debate técnico sobre el número de vocales. Detrás del proyecto impulsado por los diputados oficialistas Adriana Nieto y Pedro Luxen —que busca pasar de cinco a nueve miembros— late un trasfondo político que se remonta a 1995, cuando Néstor Kirchner llevó de tres a cinco la integración del máximo órgano judicial para asegurar el control del Poder Judicial. Aquel año también marcó el inicio del controvertido “Caso Sosa”, con la destitución inconstitucional del entonces procurador Eduardo Sosa, un episodio que la Corte Suprema ordenó revertir y que la provincia nunca acató.

Desde entonces, el TSJ ha estado dominado por designaciones ligadas al kirchnerismo, como por ejemplo la de Carlos Zannini o, últimamente, la de Fernando Basanta, ambos cuestionados por no cumplir los requisitos constitucionales para el cargo.

Lo cierto es que durante más de tres décadas, el tribunal no avanzó en ninguna causa por corrupción contra funcionarios provinciales, consolidando un blindaje judicial que el gobierno de Claudio Vidal asegura querer desmantelar en nombre de la “democratización” e “independencia” de la justicia.

En ese contexto, la Comisión de Asuntos Constitucionales sesionó ayer para tratar el proyecto oficialista que propone ampliar la cantidad de vocales del TSJ. La iniciativa tuvo despacho favorable y avanzó a la Comisión de Presupuesto, en la antesala de su posible tratamiento en el recinto legislativo.

El debate fue intenso y atravesado por cuestionamientos económicos y políticos. El diputado opositor Eloy Echazú, presidente del bloque Unión por la Patria, puso énfasis en el costo fiscal que implicaría la ampliación: “Hoy un vocal del TSJ cobra más de 14 millones de pesos mensuales”, dijo e informó que por cada vocal hay dos escribientes y relatores con sueldos que superan los 8 millones y 3 millones respectivamente”, detalló.

Echazú advirtió que “si se amplía el tribunal a nueve miembros, el gasto mensual superará los 127 millones de pesos, y el anual, los 4 mil millones. Están tocando los bolsillos de los santacruceños… Con esta plata se podría destinar más a educación, salud y producción”.

Además, cuestionó la oportunidad y la necesidad real del aumento de vocales: “No veo que el Ejecutivo haya acompañado este proyecto; si lo hubiese solicitado, lo habría elevado él. La celeridad judicial no se resuelve con más vocales, sino fortaleciendo la base: más abogados y más juzgados”, enfatizó.

La diputada oficialista Adriana Nieto defendió la iniciativa y remarcó que “el gobierno de Claudio Vidal desde la campaña, se propuso democratizar la justicia de Santa Cruz”. Para Nieto, la ampliación es una herramienta para romper con el control político histórico: “La gente no cree en este Tribunal Superior de Justicia… Esta es una herramienta para la democratización que pregona el gobernador”.

Nieto también criticó al kirchnerismo por “designar jueces que no cumplían requisitos constitucionales”, haciendo referencia al caso del vocal Fernando Basanta, cuya designación generó denuncias penales.

Por su parte, el diputado Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica ARI, manifestó apoyo a la necesidad de mayor independencia judicial pero pidió ampliar el debate con la participación de otros actores como la Asociación de Abogados, gremios judiciales y exintegrantes del sistema. En otras palabras, manifestó su oposición a trasmutar de una justicia kirchnerista a una justicia que responda a los gobiernos de turno. “La herramienta debe ser para el Estado santacruceño, no para un gobierno”, sostuvo. También reclamó que se garanticen concursos abiertos y jurados independientes para los nombramientos.

Finalmente, la mayoría oficialista impuso su postura y el proyecto pasó a la Comisión de Presupuesto para evaluar el impacto económico. De avanzar, el Ejecutivo podrá designar ternas para cubrir las cuatro nuevas vacantes, respetando la paridad de género.