El empresario Lázaro Báez deberá pasar un total de 15 años de prisión por las dos condenas firmes en su contra, en las causas Ruta del dinero K y Vialidad, según resolvió hoy el Tribunal Oral Federal 4 al hacer lugar al pedido de pena que había planteado la fiscalía.
Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico unificaron en 15 años de prisión y pago de una multa de seis veces el monto de lavado de activos comprobado en la “ruta del dinero K” para Báez, quien está detenido en la Unidad Penitenciaria Nro. 15 de Río Gallegos.
Al tomar esa decisión los jueces tuvieron “en consideración el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a US$54.800.000 cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil dólares estadounidenses), como así también el dominio y disposición que aquél ejercía sobre esa masa dineraria, con la consecuente magnitud de afectación al bien jurídico protegido (orden económico y financiero), de lo que se deduce la extensión del disvalor de resultado y del contenido de injusto del suceso reprochado”.
La defensa de Báez había pedido que cumpla seis años de cárcel, algo que fue rechazado. El empresario tiene condenas firmes a diez años de cárcel por lavado de activos y a seis por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que ahora quedaron unificadas en 15 años de prisión.
El Tribunal dispuso efectuar el cómputo del tiempo que lleva detenido para calcular cuándo vencerá la pena.
Los fundamentos detrás de las condenas a Báez y su grupo empresarial
La Justicia determinó que Lázaro Báez lavó 55 millones de dólares en apenas tres años, a través de una estructura empresarial que tuvo a Austral Construcciones como eje central. La firma, que comenzó a operar en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, vio crecer su patrimonio en más de un 45.000 %, mientras que el del propio Báez se multiplicó más de 12.000 veces.
Según la investigación, ese crecimiento estuvo vinculado directamente al manejo de fondos provenientes de la obra pública, que eran desviados y luego reintroducidos al circuito legal mediante maniobras de lavado. El delito precedente fue la evasión fiscal, y todo el circuito incluyó sociedades, bancos y operaciones tanto en Argentina como en el exterior. El Tribunal confirmó multas por más de 100 millones de dólares y un decomiso de activos equivalente a 65 millones.
Paralelamente, Báez fue también condenado en la causa Vialidad, donde se estableció que su conglomerado de empresas fue clave en la adjudicación fraudulenta de 51 licitaciones en Santa Cruz, con sobreprecios, direccionamiento y escaso control estatal. Esa maniobra generó un perjuicio al Estado que supera los 85.000 millones de pesos. Según los peritos, esa cifra será actualizada y deberá ser afrontada solidariamente por todos los condenados.
