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Causa Vialidad: el patrimonio de Cristina Kirchner y Lázaro Báez que podría ser rematado desde mañana

Infomedia24 expone los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez que podrían ser rematados por la Causa Vialidad. Un informe especial con imágenes aéreas y datos exclusivos muestra algunas de las propiedades que quedarían bajo la órbita de la justicia si no se devuelve el monto millonario fijado en la condena.

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Mañana miércoles 13 de agosto, Cristina Fernández, Lázaro Báez y otros 7 condenados en la Causa Vialidad deberán devolver 685 mil millones de pesos. A través de un trabajo de co- producción con Winfo Santa CruzInfomedia24 recorrió El Calafate y Río Gallegos para registrar los hoteles, terrenos y condominios de la ex presidenta y del ex empresario, incluidos en la sentencia de esta mega causa de corrupción. El material, expuesto por el periodista Cacho Barabino para este medio, muestra parte del patrimonio que podría ser rematado si los condenados no depositan los 685 mil millones de pesos establecidos por la Justicia.

El recorrido, registrado con drones y en locaciones clave de la villa turística muestra el Hotel Las Dunas, adquirido por la familia Kirchner en 2008 y hoy alquilado a una empresa de capitales chilenos; el Hotel Boutique Los Sauces, cerrado desde 2016 por orden judicial; y el condominio de Punta Soberana, un terreno de casi 9 hectáreas compartido entre Cristina Fernández y Lázaro Báez, que la Justicia consideró como una de las primeras pruebas documentales de la relación comercial entre ambos.

El informe también detalla la cesión de bienes a Máximo y Florencia Kirchner en 2016 bajo la figura de “herencia anticipada”, maniobra que —según los jueces— buscó eludir embargos en la causa “Dólar Futuro”.

Además, el especial muestra otras propiedades ubicadas en Río Gallegos, como departamentos, casas y terrenos pertenecientes tanto a la expresidenta como al empresario Báez, incluyendo el histórico obrador de Austral S.A. frente al aeropuerto de la capital santacruceña.

El trabajo de Infomedia24 no solo documenta el patrimonio, sino que recuerda que la Justicia probó que 51 obras viales en Santa Cruz fueron direccionadas de forma discrecional a las empresas de Lázaro Báez, configurando una maniobra de corrupción que derivó en condenas firmes.

Si los condenados no depositan el monto establecido, el Estado ejecutará el cobro a través de remates públicos de estos bienes, que representan —según el informe— mucho más que una inversión inmobiliaria: son el símbolo material de un esquema de corrupción que la Justicia investigó, probó y condenó.

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