Familias de víctimas de siniestros viales de Río Gallegos se unieron para promover una reforma del Código Penal que establezca penas más severas en casos de homicidios y lesiones causadas por conductores imprudentes, alcoholizados o bajo efectos de estupefacientes. El proyecto, que ya fue presentado ante el Congreso de la Nación, busca modificar el artículo 84 bis e impedir que este tipo de delitos puedan ser considerados excarcelables o sujetos a la suspensión del juicio a prueba (probation).

La iniciativa fue impulsada por Oscar Sánchez, padre de Alejandro “Pipi” Sánchez, un joven de El Calafate que perdió la vida en enero de 2023 en Mar del Plata cuando un automovilista cruzó un semáforo en rojo y lo atropelló mientras circulaba en su moto. El caso llegó a juicio y el conductor fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. Desde entonces, la familia Sánchez inició un camino para cambiar las leyes y lograr que hechos de esta magnitud reciban una respuesta penal más proporcional.

En las últimas horas, Jorge Matulich —padre de Brianna Matulich, otra víctima de un siniestro vial en Río Gallegos— expresó su respaldo a la propuesta y convocó públicamente a la comunidad a sumarse a la campaña de firmas que busca impulsar el proyecto como iniciativa popular. “Necesitamos del acompañamiento de la sociedad para que esta iniciativa pueda convertirse en ley”, manifestó a través de una publicación.
Matulich remarcó que muchas veces estos hechos podrían haberse evitado y que las familias atraviesan largos procesos judiciales sin encontrar respuestas equitativas: “Lamentablemente, este tipo de hechos seguirá dejando a otras familias destruidas. Por eso es clave generar conciencia y modificar las leyes”.
El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques, entre ellos Ana María Ianni, Andrea Freites, Roxana Reyes, Ernesto Ali y Pablo Yedlin, entre otros.

Qué propone el proyecto
El texto legislativo plantea modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal, incorporando nuevas circunstancias agravantes y elevando las penas cuando se comete un homicidio o lesiones en un siniestro vial bajo condiciones de alto riesgo.
Entre los agravantes que contempla el nuevo texto figuran:
Conducir con alcohol en sangre (cualquier nivel)
Estar bajo efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren la aptitud para manejar
Exceder en más de un 30% la velocidad máxima permitida
Cruzar un semáforo en rojo o violar señales de tránsito
Conducir sin estar habilitado o con licencia vencida
Manipular un celular u otro dispositivo electrónico al momento del hecho
Darse a la fuga o no asistir a la víctima
Causar la muerte de más de una persona
El nuevo marco legal también impediría la aplicación de la probation y permitiría la detención inmediata del imputado cuando se verifiquen agravantes.
Próximos pasos
Familias del Dolor anunció que en los próximos días se difundirá la modalidad de recolección de firmas para que la propuesta sea respaldada a través del mecanismo de Iniciativa Popular, previsto en la Constitución Nacional. De concretarse una cantidad suficiente de adhesiones, el Congreso estaría obligado a tratar el proyecto.
“La idea es que esta ley se conozca en todo el país, y que quienes ya atravesamos este doloroso camino podamos contribuir a que otros no pasen lo mismo”, señaló Matulich en su mensaje. El llamado busca movilizar a la ciudadanía, organizaciones sociales y referentes institucionales para lograr un cambio normativo que responda con mayor justicia a este tipo de hechos.






