El sistema judicial de Santa Cruz vuelve a quedar en el centro de la polémica ante una denuncia que combina la dilación procesal con el peso de los nombres vinculados al poder político. Una psicóloga social de nuestra comunidad reclama la restitución de su vínculo con su hijo Aidan, de 12 años, quien actualmente se encuentra a 800 kilómetros de su hogar bajo la custodia de su progenitor, un ex Ministro de Trabajo de la provincia.

Crónica de un desarraigo

Según la documentación y el testimonio aportado a este medio, el niño vivió sus primeros 12 años bajo el cuidado exclusivo de su madre, con una ausencia total de la figura paterna en su cotidianeidad. Sin embargo, en octubre de 2023, aprovechando un momento de vulnerabilidad médica de la mujer, se produjo el traslado del menor hacia otra localidad de manera inconsulta.

A partir de allí, lo que debió ser un trámite de familia se convirtió en una maraña de denuncias cruzadas. La madre asegura que ha sido objeto de acusaciones sin sustento probatorio, destinadas únicamente a dilatar los tiempos de la justicia y consolidar el desarraigo del niño.

La inacción judicial como barrera

El punto crítico de la denuncia reside en la falta de respuesta institucional. A pesar de que la madre se sometió voluntariamente a exámenes médicos y pericias psicológicas que —según afirma— confirmaron su plena aptitud para el cuidado del menor, el juzgado interviniente no ha avanzado en la revinculación.

“No pido privilegios, pido que se aplique el derecho. Se han ignorado las pruebas y el centro de vida de mi hijo”, sostiene la denunciante, quien apunta a una presunta connivencia basada en el peso político del ex funcionario implicado.

El pedido de intervención

Con el vínculo interrumpido desde hace casi tres años, el daño al menor y a su entorno primario crece día a día. El caso ya ha comenzado a trascender los límites provinciales, con un pedido explícito de intervención de organismos nacionales ante la falta de garantías locales.

Desde Infomedia24, exponemos este caso entendiendo que la transparencia judicial es un pilar fundamental de la democracia. El bienestar de un menor no puede quedar supeditado a las influencias o los cargos que sus progenitores hayan ocupado en el pasado.