El reciente Decreto Nacional 196/25, que establece un nuevo marco normativo en materia de licencias profesionales, encendió las alarmas en distintas provincias, entre ellas Santa Cruz. La normativa elimina la tradicional Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) y transfiere la responsabilidad de emisión de licencias a las jurisdicciones provinciales, pero bajo condiciones estrictas fijadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la subsecretaria María Sanz fue tajante: “Este decreto atropella facultades que no deberían ser tocadas sin diálogo previo. Es una obligación disfrazada de elección”.

La preocupación radica en que, para que las licencias profesionales emitidas por las provincias tengan validez interjurisdiccional, se requiere la firma de convenios específicos con la Nación. En otras palabras, si una provincia no firma, sus licencias pierden validez nacional.

“Las provincias tenemos nuestra propia autonomía y políticas públicas. Esta imposición genera incertidumbre jurídica y operativa, tanto para los gobiernos como para los conductores profesionales”, remarcó Sanz a través de un comunicado de prensa.

Santa Cruz en evaluación

Santa Cruz aún no adhirió al nuevo sistema y se encuentra evaluando los alcances legales del decreto. El plazo para decidir la adhesión vence el próximo 18 de mayo.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad y el área jurídica para encontrar una solución que no vulnere nuestros derechos como provincia ni perjudique a los usuarios”, explicó la funcionaria.

Desde la provincia también manifestaron su inquietud por los tiempos y la forma en que se implementó el decreto. “Las decisiones que afectan a todos deberían surgir del consenso, no de una imposición unilateral”, expresó Sanz.

Lo que está en juego

La LINTI venía funcionando como herramienta clave para garantizar la validez nacional de licencias profesionales en transporte de cargas y pasajeros. Su eliminación, sin una transición consensuada, podría dejar a miles de conductores en un limbo legal o forzarlos a trámites nuevos y costosos.

“La licencia de conducir no es un derecho, es un permiso otorgado bajo condiciones claras, y como Estado debemos asegurar que esas condiciones sean equitativas, accesibles y respetuosas de la autonomía provincial”, concluyó la subsecretaria.