Una serie de denuncias por supuestos pedidos de aportes partidarios a funcionarios y trabajadores del PAMI estalló en las últimas semanas y salpica directamente a La Libertad Avanza (LLA), la fuerza oficialista que encabeza Javier Milei. Aunque los primeros casos salieron a la luz en Misiones y La Pampa, Santa Cruz no quedó al margen del escándalo.

El protagonista local es Jairo Guzmán, presidente del partido en la provincia y director del PAMI. El dirigente fue acusado de exigir contribuciones económicas a empleados de la obra social de jubilados y presionar a profesionales de la salud para sostener el aparato partidario.

Las prácticas denunciadas tienen un patrón común: dirigentes libertarios que, según testimonios y documentación presentada en la justicia, solicitan entre el 10 % y el 15 % del salario de funcionarios y empleados públicos para financiar actividades del partido. En algunos casos, como en La Pampa y Misiones, ya hay denuncias penales en marcha, mientras que el PAMI nacional anunció una auditoría interna prometiendo que “las delegaciones no serán más una caja negra al servicio de la política”.

En Santa Cruz, el exjefe del PAMI en Caleta Olivia, Sergio Torres, fue despedido luego de denunciar internamente a Guzmán. Según relató, su entonces superior le pidió que presionara a una médica para que realice un “aporte voluntario” al partido. Torres se negó, aunque reconoció que él mismo entregaba parte de su salario a LLA, “pero por decisión propia”, aclaró.

La situación escaló cuando se filtraron audios y comprobantes de transferencias que comprometerían aún más a Guzmán. Las grabaciones habrían sido difundidas por un exfuncionario desvinculado del espacio, que decidió hacer públicas las maniobras. En los audios se oiría al dirigente ejercer presiones sobre trabajadores del PAMI y condicionar la continuidad laboral al cumplimiento con los aportes.

El caso expone una contradicción flagrante en el discurso libertario, que se construyó sobre la crítica a “la casta” y la promesa de terminar con los privilegios y la corrupción.

Por ahora, ni Karina Milei ni los primos Menem —armadores territoriales del partido— emitieron declaraciones públicas sobre el tema, aunque desde el PAMI nacional ya adelantaron que habrá sanciones si se comprueban irregularidades.