El Gobierno de Santa Cruz presentará esta semana en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone reformar el régimen salarial y jubilatorio de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, busca terminar con lo que el Ejecutivo califica como “regímenes desproporcionados” en sectores del Poder Judicial y de la administración pública.

“La medida se da en sintonía con el reclamo social por justicia y transparencia en el uso de los recursos provinciales”, sostuvo el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, tras el anuncio del mandatario respecto a la revisión integral del sistema jubilatorio para los miembros del TSJ.

Álvarez confirmó que el proyecto ingresará a la Legislatura, donde el oficialismo buscará el respaldo para avanzar con la propuesta. La medida, según explicó, tiene como objetivo corregir desigualdades en el sistema previsional y revisar las condiciones especiales con las que se jubilan los jueces provinciales.

“Nuestro Gobernador tomó la decisión política de avanzar en la corrección de inequidades dentro del sistema de jubilaciones”, dijo y aclaró que “no se trata de afectar derechos adquiridos, sino de mirar hacia adelante y construir un esquema justo para todos”.

Álvarez señaló que actualmente hay magistrados que perciben sueldos que superan los 9 millones de pesos mensuales, y que acceden al 87% de ese monto al momento de jubilarse. “Ese tipo de situaciones es lo que hace insostenible una economía en una provincia donde docentes, médicos y personal de seguridad perciben salarios muy por debajo de lo que merecen”, advirtió.

“No podemos permitir más islas salariales”, remarcó el jefe de Gabinete, y agregó que el Ejecutivo apunta a transparentar el funcionamiento del Poder Judicial y otros sectores del Estado, entendiendo que “la sociedad tiene derecho a saber quiénes toman decisiones, qué responsabilidades tienen y cuánto cobran”.

Los jueces del TSJ pueden permanecer en sus cargos sin límite de edad, sin embargo, la mayoría se encuentra en condiciones de jubilarse, según lo establecido por la ley provincial que regula la Caja de Previsión Social, que exige 30 años de aportes para los varones y 28 para las mujeres. Se trata de Mauricio Mariani, Alicia Mercau y Paula Ludueña.  Si bien la reforma no será retroactiva, de aprobarse la normativa, el nuevo régimen podría aplicarse a los actuales magistrados si optaran por retirarse.

Para cerrar, Álvarez subrayó que “todos somos responsables ante el pueblo, y quienes ejercemos funciones públicas debemos estar expuestos al control social”.

Eficiencia y transparencia

Cabe señalar que la propuesta que dio a conocer el gobernador,  también cuestiona la falta de eficiencia y de transparencia de la justicia provincial, que —según denuncian desde el Ejecutivo— no ha avanzado en ninguna causa judicial que involucre a funcionarios de la gestión de Alicia Kirchner.

Lo cierto es que los miembros del Tribunal Superior son designados a propuesta del Poder Ejecutivo, y desde que se inició en Santa Cruz el período de 32 años de gobiernos kirchneristas 1991-2023, junto con la ampliación de tres a cinco el número de miembros del máximo estamento judicial de la provincia y el nombramiento de decenas de jueces y funcionarios también a voluntad del gobierno, la justicia provincial actuó como una dependencia más del Ejecutivo.

En este contexto, todas las denuncias presentadas por el Ejecutivo continúan aun en etapa de instrucción judicial sin avances. Entre las más relevantes, se pueden mencionar la investigación sobre 51 cooperativas contratadas por el Estado provincial, donde se detectaron incompatibilidades, falsificación de documentación y presunto fraude a la administración pública; el gasto de más de 69 millones de pesos en el acto de asunción del propio Vidal, donde se habrían pagado sobreprecios y contratado proveedores de forma direccionada y otras dos denuncias penales contra el actual intendente de Río Gallegos y expresidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Pablo Grasso, por presuntas irregularidades en la adjudicación de terrenos fiscales en el barrio El Faro, tampoco prosperaron hasta el momento.