La derogación de la Ordenanza 262/HCDCH/2025 fue impulsada por el concejal Ignacio Moreno Hueyo, quien desde el inicio se manifestó en contra de la suspensión por considerarla inconstitucional. La iniciativa obtuvo tres votos afirmativos —de Estefanía Leyes, Carlos Ticó e Ignacio Moreno Hueyo— y dos votos negativos —de María Elizabeth Romanelli y Heber Exequiel Zella—.
Cabe recordar que la ordenanza que establecía la suspensión había sido aprobada oportunamente con los votos de Romanelli, Zella, Ticó y Leyes, mientras que Moreno Hueyo fue el único edil que votó en contra en aquella oportunidad.
Durante el debate, el concejal Moreno Hueyo sostuvo que la normativa vulneraba principios constitucionales vinculados a la libertad de comercio y al ejercicio de la actividad económica lícita. “Esta iniciativa, presentada por nuestro bloque y acompañada en el recinto, fundamentó la necesidad de derogar la norma por considerarla contraria a principios constitucionales relacionados con la libertad de comercio, la actividad económica lícita y la razonabilidad normativa”, expresó.
Además, remarcó que con el paso del tiempo la medida dejó de ser un planteo teórico y mostró consecuencias concretas. “Hice notar desde un principio que esta ordenanza afectaba preceptos constitucionales. Y esto dejó de ser una abstracción cuando vimos casos concretos de personas afectadas. Eso mostró que la medida era desproporcionada respecto del efecto que buscaba generar”, afirmó.
En ese marco, el edil fue contundente al cuestionar el enfoque de la ordenanza derogada. “Se acabó el proyecto que estigmatizaba a los emprendedores como los responsables del desastre ambiental que hay en El Chaltén, que es culpa de la inoperancia y la corrupción de la provincia, y de la inoperancia y la corrupción del intendente Ticó, y de los concejales que durante todo este tiempo estuvieron ocultándole los chanchuyos”, declaró a Winfo Santa Cruz, medio que dio a conocer la información.
Según se expuso durante el tratamiento legislativo, la suspensión había generado impactos negativos en el entramado económico local, afectando a quienes intentaban emprender o regularizar actividades comerciales. En ese sentido, la derogación busca restablecer un marco normativo equilibrado que permita el desarrollo comercial, sin que ello implique renunciar a las facultades de control del Municipio ni a la protección del interés público.
Con esta decisión, el Concejo Deliberante dejó sin efecto la suspensión general de habilitaciones comerciales y reabrió el debate sobre cómo compatibilizar el crecimiento económico, la crisis habitacional y la capacidad de los servicios públicos en una de las localidades turísticas más dinámicas de Santa Cruz.
Fuente: Winfo Santa Cruz
