En un reciente encuentro federal, la subsecretaria Soledad Boggio no solo expuso los significativos avances logrados en su jurisdicción, sino que también hizo un llamado contundente a la modernización de la legislación vigente, una ley que, con dos décadas de antigüedad, ya no responde a las realidades y necesidades actuales de miles de familias argentinas.

Un Paso Adelante en la Modernización: El Modelo Santacruceño

Soledad Boggio, al frente de la Subsecretaría de Asistencia Integral a la Víctima, detalló la experiencia de Santa Cruz en la implementación y mejora de su Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). La provincia ha invertido en innovación tecnológica y procesos más eficientes para agilizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Estos avances no son menores: significan una herramienta más robusta y ágil para que los beneficiarios de cuotas alimentarias, en su mayoría niños y adolescentes, puedan ver garantizados sus derechos.

La digitalización y la interconexión con otras bases de datos son pilares de este modelo, permitiendo una fiscalización más efectiva y reduciendo la burocracia que históricamente ha plagado estos trámites. Santa Cruz ha demostrado que es posible construir un sistema que, además de registrar a los morosos, actúa como un elemento disuasorio y facilitador para que los responsables cumplan con sus deberes.

Convenios Interprovinciales: Hacia un Registro Federal Unificado

Uno de los puntos destacados por Boggio fue la firma de convenios con otras provincias. Esta iniciativa busca sentar las bases para una articulación federal que permita unificar criterios y bases de datos a nivel nacional. Un registro verdaderamente federal significaría que un deudor alimentario no podría evadir sus responsabilidades simplemente cruzando una frontera provincial. Este nivel de cooperación es fundamental para cerrar las «lagunas» legales y geográficas que hoy impiden una acción coordinada y eficiente.

La meta es clara: que la información de los deudores sea accesible y ejecutable en cualquier punto del país, fortaleciendo así la red de protección para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos acuerdos son un testimonio del compromiso de Santa Cruz con una política pública que trasciende las divisiones geográficas para abordar un problema de escala nacional.

La Urgencia de Actualizar una Ley de 20 Años

El núcleo de la exposición de la subsecretaria fue la perentoria necesidad de actualizar la ley de Registro de Deudores Alimentarios, una normativa que data de hace dos décadas. Boggio enfatizó que el marco legal actual ha quedado obsoleto frente a los cambios sociales, tecnológicos y económicos. Las herramientas legales disponibles hoy no son suficientes para abordar la complejidad de los casos de incumplimiento alimentario, que a menudo se ven agravados por la falta de recursos y la lentitud judicial.

Una nueva ley federal, según la visión santacruceña, debería no solo endurecer las sanciones para los incumplidores, sino también facilitar los mecanismos de cobro, ampliar las facultades de los registros y, sobre todo, poner el foco en el bienestar superior del niño. Esto implica considerar nuevas formas de presión legal y social, así como la promoción de una cultura de responsabilidad parental que priorice el sostenimiento de los hijos.

La propuesta de Santa Cruz no es meramente administrativa; es un grito de alerta y un llamado a la acción para que el Estado nacional y las provincias trabajen mancomunadamente en la construcción de un sistema de justicia alimentaria que sea justo, equitativo y, sobre todo, efectivo para los más vulnerables de nuestra sociedad.