Mientras la justicia busca recuperar bienes o dinero provenientes de la causa de corrupción en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente Javier Milei oficializó un nuevo organismo para gestionar y vender bienes decomisados en causas judiciales. La medida reemplaza al registro creado en 2011 y apunta a reforzar la política de extinción de dominio.
A través del Decreto 582/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, que dependerá del Ministerio de Justicia y tendrá competencia exclusiva para conservar, administrar y disponer la venta de activos provenientes de actividades vinculadas a organizaciones delictivas. La nueva oficina será la Autoridad de Aplicación del régimen aprobado días atrás para la administración de bienes provenientes de delitos.
El Ejecutivo argumenta que el nuevo organismo tendrá por objetivo “agilizar procesos y golpear financieramente a las organizaciones criminales” y resalta que “la experiencia internacional demuestra que organismos especializados mejoran la eficacia del decomiso y aumentan el impacto económico contra el crimen organizado”.
Hasta ahora, los bienes decomisados en causas judiciales estaban a cargo del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados, creado en 2011, que se limitaba a identificar y valuar los bienes incautados. Según el decreto, “esa estructura resultaba insuficiente por su falta de atribuciones de gestión y capacidad operativa”.
En las últimas semanas, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que decomisó en favor del Estado bienes del empresario detenido Lázaro Báez por unos 150 millones de dólares, mientras la justicia ordenó al resto de los condenados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, devolver más de 537 millones de dólares por la causa Vialidad. Según trascendidos, ninguno de los nueve condenados pagó aún el decomiso ordenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, equivalente a 684 mil millones de pesos al valor actualizado.
Puntos clave de la Oficina de Bienes Recuperados
- Contará con un Director Ejecutivo con rango de subsecretario, designado por el Presidente, que deberá tener formación universitaria y experiencia en gestión pública o patrimonial.
- Coordinará con otros organismos, garantizará la trazabilidad de los bienes y administrará su disposición final.
- Su gestión busca que el recupero patrimonial no solo sea una herramienta económica, sino también un mecanismo de prevención y disuasión: “Privar a las organizaciones criminales de los beneficios obtenidos por vías ilícitas es clave para debilitar su poder”, señala el texto oficial.
Objetivos principales
- Coordinar con el Poder Judicial la entrega de bienes provenientes de actividad ilícita y recuperados en procesos penales y de extinción de dominio (Decreto 62/2019), asegurando su guarda y administración.
- Identificar, registrar, inventariar, valuar, custodiar y conservar los recursos derivados de esos procesos judiciales.
- Trabajar junto a organismos nacionales y judiciales para ejecutar las resoluciones del Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional.
- Coordinar con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la venta, concesión o explotación comercial de los bienes incautados.
- Asignar o permitir el uso gratuito y precario de los bienes recuperados, tras evaluación del Consejo de Bienes Recuperados.
- Elevar informes de gestión al Ministerio de Justicia para la correcta distribución de los fondos entre los organismos que integran el Consejo
