Este martes al mediodía, organizaciones sociales, madres, padres y militantes de la inclusión se movilizaron en la Plaza San Martín de Río Gallegos para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, que había sido aprobada en julio con respaldo transversal, proponía garantizar prestaciones básicas —como terapias, apoyos escolares y transporte adaptado— en un contexto de fuertes recortes presupuestarios. Sin embargo, fue anulada por el presidente Javier Milei, quien alegó razones fiscales.

El profesor Hernán Spotti, militante por la inclusión social y participante del Consejo Municipal de Discapacidad (Comudi), expresó a Infomedia24: “Este encuentro nos permite que nos visibilicen, que nos pongan en pie de igualdad con todas las personas de la comunidad. El veto de esta ley es una forma de escondernos, porque no nos permite crecer, no nos permite avanzar a las personas con discapacidad”.

Spotti remarcó que la ley tenía un carácter temporal: “Es una ley de emergencia en discapacidad que finaliza en diciembre del 2026. El esfuerzo que hay que hacer es de ahora hasta entonces para que las cuestiones se nivelen”.

Además, se mostró en desacuerdo con quienes usaban la palabra “repudio” para describir la protesta, y propuso otro enfoque: “Yo propongo acompañar y tratar de que el otro se siente conmigo, que no estemos enfrentados. Como dice la convención: nada sobre nosotros sin nosotros”.

Entre las voces presentes también estuvo la de Flavia González, docente y madre de un niño con autismo, quien participó de la concentración junto a otras familias. “Estamos presentes para apoyar la Ley de Emergencia, porque este veto nos perjudica ampliamente. Estoy acá por mis alumnos, algunos con discapacidad, y también como mamá”, dijo.

A su lado, Cecilia Vera, madre de mellizos de 10 años diagnosticados con TEA, compartió con Infomedia24 las dificultades cotidianas: “Vengo acá como madre, a que no vulneren los derechos de mis hijos. Convivir con la discapacidad no es fácil. El día a día se nos hace muy a cuesta, económica y emocionalmente”.

Vera relató cómo los recortes impactan directamente en el acceso a las terapias: “Muchas veces los terapeutas nos tienen que suspender las sesiones porque no cobran. A veces pasan tres, cuatro meses y todavía no reciben nada. Y suspenderle la terapia a un chico con TEA es retroceder. Todo lo que se avanzó, se pierde en un mes”.

Las madres explicaron que, si bien no cuentan con un espacio físico formal, se mantienen activas a través de un grupo de WhatsApp donde se autoconvocan para organizar acciones colectivas.

“Unimos fuerzas para sostener esta lucha que es de todos. Hoy hablamos por niños con autismo, pero apoyamos todas las discapacidades. Todas necesitan acompañamiento y atención”, subrayaron.

La movilización se dio en el marco de una convocatoria nacional de organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad. En Santa Cruz, los reclamos también estuvieron acompañados por asociaciones como APPADI y referentes de espacios educativos y terapéuticos. El pedido es claro: que el Congreso revierta el veto y que el Estado no se desentienda de los derechos de una población históricamente vulnerada.