Este mediodía, diversas organizaciones de Río Gallegos se concentraron en la Plaza San Martín para manifestarse en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma aprobada en julio con amplio respaldo político y social. La medida había sido pensada para sostener prestaciones básicas —como terapias, transporte adaptado y educación especial— en medio de un contexto de recortes generalizados. Sin embargo, el presidente Javier Milei la vetó, argumentando que su costo fiscal era insostenible, pese a representar menos del 0,5% del PBI.

En diálogo con Infomedia24, Rosa Chacón, referente de la Asociación de Padres Pro Ayuda a la Discapacidad (APADI), expresó su malestar: “Lo que nos convoca es decirle no al veto presidencial, este presidente que se olvida de las personas vulnerables, de las personas que más necesitan el apoyo del Estado”, afirmó.

Chacón cuestionó la insensibilidad del Gobierno nacional ante las necesidades de una población históricamente postergada. “El Estado está desinteresadamente, como sin importarle nada, riéndose a costas de los que más lo necesitan. Son todos ciudadanos argentinos desde el momento que nacen y yo creo que tenemos que tener empatía”, subrayó.

La titular de APPADI también llamó la atención sobre el riesgo de desproteger a un colectivo amplio que no se limita a los nacidos con discapacidad: “Nunca sabemos si el día de mañana, al cruzar la vereda de enfrente, nos podemos convertir en discapacitados, como les pasa a muchos ancianos que también terminan dependiendo de otros”.

Durante la manifestación, se multiplicaron los carteles, pañuelos y pancartas con consignas como “La discapacidad no puede esperar” y “Sin presupuesto no hay derechos”. También se hizo visible el apoyo de madres, padres y personas con discapacidad de todas las edades.

Consultada sobre el trabajo cotidiano que realiza APADI, Chacón destacó: “Somos el único taller del país que abona sueldos de ley a sus empleados con discapacidad. Tenemos 38 personas con discapacidad empleadas, y otras 12 personas convencionales: en total somos 60”. Agregó además que cuentan con el respaldo del Ministerio de Salud de Santa Cruz y de municipios que acompañan su labor.

Sobre las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad al llegar a la adultez, Chacón señaló: “Tenemos jóvenes autovalentes, pero muchos otros —niños, adultos, ancianos— necesitan acompañamiento. En ellos también está la lucha: de las familias, de los que hacen las terapias a domicilio, de quienes trabajan en los centros”.

Finalmente, pidió a los legisladores nacionales que reviertan la decisión presidencial: “Le pedimos al Congreso que por favor defienda a la Nación, ya que tenemos un representante que no lo hace”, concluyó.