La provincia más austral del país enfrenta un serio riesgo ambiental tras la presentación de dos proyectos —uno del Ejecutivo y otro del legislador Agustín Coto— que buscan modificar la Ley 1355, la normativa que prohíbe la salmonicultura en aguas fueguinas. Esta ley, sancionada en 2021 por unanimidad, convirtió a Argentina en el primer país del mundo en rechazar esta práctica de manera preventiva, antes de que se instale.
La salmonicultura consiste en la cría intensiva de salmones en jaulas flotantes, ubicadas generalmente en fiordos y bahías. A nivel mundial, se ha vinculado con la degradación ambiental, la proliferación de especies invasoras, el uso excesivo de antibióticos y la pérdida de biodiversidad marina.
“La ley vigente es fruto de más de tres años de investigación, con participación de científicos, ONGs, productores y la comunidad. Fue un logro histórico”, expresó el antropólogo Ernesto Piana (CONICET), quien alertó sobre la inseguridad jurídica que generarían estos intentos de retroceso.
Denuncian falta de consulta previa y presión empresarial
Para Antonela Guevara, abogada Selk’nam y referente comunitaria, la situación es doblemente preocupante: “La ley nunca fue reglamentada, y ese debería ser el paso legal antes de modificarla. Además, no se nos ha consultado como pueblo originario, como establece la normativa vigente”.
En la última reunión legislativa antes del receso invernal, se aceptó —por mayoría— el pedido formal de consulta y se suspendió el dictamen hasta el 25 de julio, cuando se reanude la actividad parlamentaria. Aún así, persiste la preocupación por la posible habilitación de esta industria, que afectaría tanto al ecosistema como a la economía local.
Desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia, la Dirección de Biodiversidad también respaldó la continuidad de la ley, calificándola como “ejemplar”.
Científicos advierten sobre un modelo productivo insustentable
El biólogo marino Adrián Schiavini, investigador del CONICET y profesor de la UNTDF, fue contundente: “Quieren replicar un modelo que fracasó en Chile, que dejó zonas muertas y contaminación. La salmonicultura no es solución al hambre ni genera empleo genuino. Solo beneficia a unos pocos con altísimo costo ambiental”.
Schiavini también desmintió la supuesta inocuidad de las nuevas ubicaciones: “Aunque aseguren que no impactará el Canal Beagle, lo que queda es igual de frágil: la costa atlántica, la Isla de los Estados o zonas de alta profundidad. No tenemos la escala de producción de Chile, esto sería solo el primer paso para expandirse, incluso a lagos y ríos”.
Apoyo desde la gastronomía y el turismo
Reconocidos chefs como Lino Adillón, Francis Mallmann y Mauro Colagreco se han pronunciado públicamente en defensa de la ley. Adillón expresó: “Llevamos ocho años trabajando para proteger este lugar. La salmonicultura en jaulas no puede tener lugar en el mar fueguino, ni en lagos ni ríos. Sabemos que destruye la flora y fauna nativa y solo trae muerte. El mundo nos admira por esta ley, debemos preservarla para las futuras generaciones”.
La ley, además, protege sectores clave para la economía local como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza, que podrían verse gravemente afectados por la degradación de los ecosistemas costeros.
Lo que está en juego
La modificación de la Ley 1355 no solo implicaría abrir la puerta a una industria ampliamente cuestionada, sino también desconocer un proceso participativo y riguroso que llevó a Tierra del Fuego a marcar un precedente global en materia de protección ambiental.
Mientras se espera el reinicio de la actividad legislativa el próximo 25 de julio, organizaciones ambientales, pueblos originarios, científicos y referentes culturales se mantienen en alerta para defender una de las conquistas más importantes en la historia ambiental argentina.
