Santa Cruz es una de las provincias más grandes del país, pero con una población distribuida de forma desigual y en muchos casos, alejada de los centros urbanos. Esta realidad geográfica y demográfica hace que el sistema eléctrico sea técnicamente complejo y extremadamente costoso de sostener. Frente a este escenario, el Gobierno de la Provincia detalló cómo se estructura actualmente el servicio energético y cuáles son las estrategias para garantizar el acceso igualitario.
En este sentido se explicó que en el territorio provincial conviven dos modelos de provisión eléctrica: el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y sistemas aislados. Las ciudades más grandes —como Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia o Puerto Deseado— están conectadas al SIN a través de líneas de alta tensión, lo que permite que la electricidad provenga de otras provincias o grandes centrales generadoras.
Sin embargo, muchas localidades pequeñas y alejadas no tienen acceso a esta red nacional. Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores, El Chaltén, Puerto San Julián, Lago Posadas, entre otras, dependen de generadores locales a base de diésel o grupos electrógenos, lo que multiplica entre 5 y 10 veces el costo de la energía respecto a las ciudades conectadas.
Ante esta realidad, el Estado provincial absorbe mensualmente el 63% del costo total del servicio eléctrico, lo que permite que los usuarios solo paguen el 37% en su factura. Esta medida, señalan desde el Gobierno, responde a una mirada social del acceso a los servicios esenciales, con el objetivo de garantizar equidad territorial y bienestar en toda la provincia, sin importar el lugar de residencia.
Además del esquema de subsidios vigente, la Provincia impulsa programas específicos de ayuda y segmentación, destinados a asegurar que el servicio de energía sea accesible incluso en las zonas más desfavorables o con mayor costo operativo.
Hacia un sistema más sostenible
Frente al alto costo estructural que implica este modelo, el Gobierno provincial trabaja en tres ejes estratégicos para lograr un sistema energético más justo, eficiente y sostenible:
Ampliar la red del sistema interconectado nacional, para que más localidades puedan salir del aislamiento energético.
Invertir en energías renovables, como la solar y la eólica, más limpias y económicas a largo plazo.
Revisar la política de subsidios, para que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan y se mantenga la sustentabilidad del sistema.
La estrategia busca equilibrar el desarrollo territorial con una visión federal y ambientalmente responsable. Como se señala desde el Ejecutivo, “tener electricidad en Santa Cruz no es sencillo ni barato, pero con planificación e inversión se puede avanzar hacia un modelo más justo para todos”.
El acceso a energía, agua y cloacas, concluyen, debe ser garantizado como un derecho, independientemente del lugar donde se viva. Y para eso, el compromiso del Estado sigue siendo clave.
