Este jueves, el Senado de la Nación aprobó con una amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, una herramienta legal que busca atender de manera urgente y estructural la grave situación que atraviesan personas con discapacidad y prestadores en todo el país. La norma fue avalada por bloques del radicalismo, peronismo y representantes provinciales, mientras que la mayoría de La Libertad Avanza y el PRO no asistió a la sesión, cuestionando su legalidad.

La ley declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, establece la actualización automática del nomenclador de prestaciones conforme al índice de precios al consumidor (IPC), y reconoce la necesidad de recomponer aranceles desde diciembre de 2023, acumulando la inflación de ese período.

Uno de los puntos clave es la garantía de una pensión inembargable equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo para toda persona con discapacidad que no cuente con recursos propios ni cobertura previsional, y que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, la ley autoriza a la Jefatura de Gabinete a modificar y ampliar el presupuesto nacional para asegurar el financiamiento de las políticas de inclusión y protección. Esto incluye tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores, que en los últimos años enfrentaron serias dificultades económicas por la falta de actualización de los valores con los que se pagan las prestaciones.

Durante el debate, el senador Fernando Salino (Convicción Federal) remarcó la necesidad de simplificar y agilizar los trámites del CUD, mientras que Luis Juez (PRO), con un testimonio personal, expresó: “Los hijos con discapacidad son invisibles para la sociedad. Esta ley es un mínimo acompañamiento para un sector olvidado”. Juez, padre de una joven con parálisis cerebral, denunció los obstáculos que persisten incluso dentro del sistema privado de salud.

Por su parte, la senadora del PJ Stefania Cora celebró que la norma establezca “requisitos claros y auditorías” para garantizar su cumplimiento, y subrayó que el Estado tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad.

La aprobación de esta ley no solo implica un avance normativo, sino que también representa una respuesta concreta a miles de familias que reclaman por la continuidad de tratamientos, accesibilidad y condiciones dignas de vida. En un contexto económico crítico, la declaración de emergencia busca proteger derechos fundamentales que no pueden quedar librados al ajuste o a la espera de soluciones administrativas.