En el marco del Plan Estratégico 2024–2027 del Gobierno, el Banco de la Nación Argentina anunció el cierre de al menos 60 sucursales en todo el país. Entre ellas, figura la oficina de 28 de Noviembre, en plena Cuenca Carbonífera santacruceña, una decisión que encendió las alarmas en la comunidad y generó una inmediata reacción gremial y política.

La medida, justificada por el Gobierno nacional en la necesidad de “optimizar costos” y avanzar en la digitalización de servicios, implica el cierre de unidades físicas, la reasignación de personal y la reducción de estructuras administrativas. En total, la red del Banco Nación pasó de 769 a 709 puntos de atención en pocos meses.

Pero detrás del discurso de eficiencia, La Bancaria denunció que hay realidades invisibilizadas: jubilados sin acceso digital, familias que dependen de la atención presencial y una comunidad que, una vez más, ve cómo se le retiran servicios esenciales.

Así lo explicó Griselda Fabregat, secretaria general del gremio en medios de la Cuenca, quien rechazó la medida y cuestionó el relato oficial, “salió a justificarse el Banco de la Nación Argentina diciendo cuántos millones se ahorraban, pero cuentan una sola parte de la historia. No hablan de la gente que queda sin asistencia, ni de los pueblos como 28 de Noviembre que, al cerrar el banco, deben trasladarse a otra sucursal”.

Fabregat confirmó que los siete empleados de la sucursal cerrada serán trasladados a la oficina de Río Turbio, aunque eso también implica un cambio significativo para quienes viven en 28 de Noviembre, “tres son cargos jerárquicos que ya residen en Río Turbio, pero las otras cuatro compañeras viven en 28 y todos los días deberán trasladarse para trabajar. No pierden el empleo, pero sí pierden comodidad, tiempo y estabilidad”.

La secretaria gremial también apuntó contra la lógica de ajuste impulsada por el Gobierno Nacional y ejecutada en el Banco Nación: “Se justifican con los millones que se ahorran, pero no mencionan lo que gastan por otros lados. Esta política no contempla el impacto social”.

“La banca pública no se toca”

El pasado 11 de junio, la seccional Santa Cruz de La Bancaria encabezó una movilización frente a la sucursal de 28 de Noviembre. Participaron funcionarios municipales, gremios, jubilados, legisladores y vecinos, que expresaron su rechazo al cierre con un abrazo simbólico al edificio.

“El cierre de esta sucursal no solo representa un retroceso en materia de derechos, también vulnera el principio de equidad territorial que debe garantizar el Estado”, expresó.

Desde la organización sindical remarcaron que la decisión atenta contra el rol histórico del Banco Nación como herramienta de inclusión y desarrollo federal, y exigieron al directorio de la entidad que dé marcha atrás con la medida.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional se sostiene que “el 98% de las operaciones ya se realizan por canales digitales” y que se busca replicar un modelo de atención itinerante para las PyMEs, abandonando la atención fija.

El presidente Javier Milei ha justificado este ajuste como parte del “reordenamiento” del Estado. Según cifras oficiales, los cierres proyectados implicarán un ahorro de más de $1.000 millones solo en 2025.

El titular del Banco Nación, Daniel Tillard, afirmó que la meta es “volver a la estructura de 2015” y “fortalecer la eficiencia”. Sin embargo, el trasfondo político no pasa desapercibido: desde el gremio denuncian que se está desmantelando la banca pública para facilitar un eventual proceso de privatización.

La reconversión del Banco Nación en sociedad anónima ya está en debate en el Congreso. Si prospera, será el paso previo a su desguace definitivo.

Desde La Bancaria anticiparon que continuarán las medidas de protesta y convocaron a mantener el estado de alerta en toda la provincia. Además, se esperan definiciones políticas por parte del gobierno provincial, al que los gremios le exigen que se pronuncie contra el vaciamiento.