Este martes, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, encabezó una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles sobre el estado de la infraestructura escolar en Santa Cruz y la millonaria inversión realizada por el Estado provincial para resolver problemas estructurales. En la oportunidad, se denunciaron graves irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión anterior que será llevado a la Justicia.

La conferencia, también fue presidida por la vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta, junto a directora provincial de Mantenimiento, Marcia Arroyos. Contó además con la presencia de todo el personal de mantenimiento del Consejo, a quienes se les reconoció el trabajo diario que vienen realizando desde el 11 de diciembre de 2023.

Rasgido sostuvo que se encontraron con un sistema “estructurado para la corrupción” en la ejecución de obras escolares. “Vamos a presentar una denuncia ante la Justicia porque nos encontramos con una ingeniería de corrupción en términos de mantenimiento preventivo y correctivo de las escuelas”, afirmó, sosteniendo que estaban involucrados ex funcionarios del organismo.

En relación al período investigado, detalló que en el 2023 se erogaron más de 1.600 millones de pesos destinados al mantenimiento escolar, provenientes directamente del gobierno provincial. Sin embargo, advirtió que “ese dinero debería haberse visto en las escuelas, y no se vio”.

“Nos encontramos con escuelas con graves problemas de calefacción, sanitarios, electricidad, deficiencias en infraestructura y obras abandonadas”, remarcó. También agregó que hay expedientes con trabajos certificados durante 2023 “que no se hicieron y que estamos haciendo en 2024 y 2025”.

Por su parte, la directora provincial de mantenimiento, Marcia Arroyos, brindó un informe técnico con imágenes del deterioro edilicio de muchas instituciones educativas santacruceñas. Expuso las acciones realizadas por el área y destacó que “se ha trabajado muchísimo y sabemos que queda mucho por hacer”, al tiempo que enfatizó que el trabajo desarrollado es “de calidad” y responde a las necesidades de las comunidades educativas.

Rasgido, en tanto, explicó que parte de las auditorías ya finalizadas incluyen empresas que recibieron pagos por obras inexistentes o con certificaciones irregulares. “Empresas creadas en donde los socios eran funcionarios del Consejo Provincial de Educación o familiares directos del Consejo”, detalló. Según la presidenta del CPE, ese es el fundamento de hablar de una verdadera “ingeniería de corrupción”.

Indicó además que muchas de esas contrataciones están ligadas al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y a las gestiones del actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, así como de su hermana, María Grasso. “Obras que deberían haber estado terminadas hoy siguen siendo trabajos pendientes y los vamos a concluir desde este gobierno”, afirmó Rasgido.

A pesar de las dificultades heredadas, destacó que se avanzó en convenios con distintos municipios y que en el primer tramo de 2025 se realizó ya una inversión concreta en infraestructura escolar.

Críticas al municipio por fondos entregados a escuelas y uso político de la educación

Durante la conferencia, la presidenta del CPE también se refirió a una reciente medida del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien otorgó 2,5 millones de pesos a 24 escuelas que participaron en los actos por el Día de la Bandera. Rasgido fue contundente: “No hemos tenido ninguna comunicación con el municipio. Tampoco los directores han planteado nada. Ellos conocen los procesos administrativos del Consejo. Tenemos normativas en cuanto a este tema”, dijo pero sostuvo que no pueden intervenir en aportes realizados a las cooperativas escolares que sirven para resolver alguna de sus demandas.

Sin embargo, agregó: “Entendemos que los vecinos de Río Gallegos tendrán que pedir explicaciones a la intendencia acerca de qué manera se determina el uso de los fondos”.

Rasgido sostuvo que la gestión anterior “tuvo hasta el 10 de diciembre la posibilidad de generar todas las condiciones en las escuelas, pero no les interesó”. En esa línea, concluyó: “La preocupación real de la educación se tiene que demostrar día a día. Si hubiesen trabajado por la educación, hoy no tendríamos más de 650 equipos de calefacción que debimos instalar”.