A través de la Secretaría Penal, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz cumple un año desde que comenzó a implementar una política de “puertas abiertas” con familiares de víctimas de delitos penales. Esta iniciativa busca generar un espacio de acompañamiento y respuesta ante las inquietudes sobre los procesos judiciales en curso, con la presencia directa de funcionarios judiciales y la participación activa de los afectados.

Según explicó el Dr. Fernando Costabel, titular de la Secretaría Penal ante el TSJ, la propuesta surgió tras detectar un fuerte desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre las vías disponibles para acceder a la Justicia, reclamar, asesorarse o ser escuchados.

“Comenzamos a escuchar de manera directa a víctimas o familiares de víctimas, quienes en algunos casos venían acompañados por sus abogados querellantes. Fue entonces que nos pusimos en contacto con Belén Álvarez, hermana de Leandro Álvarez, como parte de ese grupo, y nos encontramos con un total desconocimiento por parte de la población sobre las dependencias judiciales disponibles”, señaló Costabel.

Belén Álvarez, referente de la organización “Familias del Dolor”, valoró el espacio de encuentro y destacó su impacto: “Me pareció muy importante este contacto con el Poder Judicial. Estamos muy agradecidos y esto lo digo en nombre de todas las familias. Se les dio voz, pero también se brindó un servicio que quizá antes no funcionaba de manera correcta”.

Además, recordó que la organización que representa está disponible para toda la provincia las 24 horas, y que se pueden contactar al número 2966-583074 para recibir orientación y acompañamiento.

En ese mismo sentido, Costabel remarcó la existencia de herramientas institucionales ya activas como el Centro de Asistencia a la Víctima, con profesionales que realizan abordajes victimológicos, y la Oficina de Acceso a la Justicia, que asesora y deriva a las defensorías oficiales para continuar trámites judiciales.

“Estamos a disposición para escuchar y dar una respuesta a los reclamos de las víctimas o sus familias, más allá de la forma en que estos se visibilicen, ya sea por redes sociales o medios de comunicación. Es una decisión del Tribunal Superior de Justicia que reafirma nuestro compromiso institucional con la ciudadanía”, concluyó Costabel.