Ante el retorno a comisión del proyecto de ley N.º 367/24, la Asociación Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Santa Cruz emitió un comunicado en el que realizó “precisiones en resguardo del orden público institucional y de la seguridad jurídica del sistema de contratación inmobiliaria en el ámbito provincial”.

La entidad se refirió a la decisión legislativa de postergar el tratamiento parlamentario de la norma para “escuchar a los dos sectores involucrados”, y replicó con firmeza que “no existen dos sectores con igual legitimidad jurídica”. En ese sentido, remarcaron que “la actividad de corretaje inmobiliario, como función auxiliar del comercio y de la justicia, se encuentra legalmente reservada a profesionales con título habilitante de martillero y corredor público, conforme a las leyes nacionales N.° 20.266 y N.° 25.028”.

Sobre el proyecto de ley en cuestión, señalaron que “no excluye a ningún actor, sino que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento del marco legal vigente”, el cual requiere “condiciones mínimas de idoneidad técnica, inscripción en matrícula habilitante y sometimiento a un régimen ético y disciplinario bajo control de una entidad de derecho público no estatal”.

En un pasaje central del documento, la Asociación cuestionó directamente a los sectores que se oponen a la ley. Indicaron que la “denominada ‘oposición’ al proyecto ha sido encabezada por un grupo que carece de reconocimiento profesional”, y recordaron que dicho grupo “primero se presentó como ‘Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz’ y luego fue denunciado ante la Unidad de Registros Públicos y Contralor de Personas Jurídicas de la provincia por múltiples irregularidades”, lo cual derivó en actuaciones administrativas y una denuncia penal “por usurpación fraudulenta de representación institucional”.

Actualmente, agregaron, ese mismo grupo se presenta como “Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas”, lo que —según explicaron— “agrava la confusión pública”, ya que “una asociación civil representa personas humanas, no empresas, y en ningún caso puede atribuirse funciones propias de una entidad profesional o de control del ejercicio profesional”.

Además, la Asociación recordó que durante las reuniones de comisión “ya se escucharon las posiciones de este grupo”, y señaló que su oposición no se debe a un perjuicio legítimo, sino a su “incapacidad de cumplir con los requisitos legales que rigen la actividad profesional”.

“La realidad es que desde hace más de 25 años eluden el cumplimiento del régimen normativo, y ahora pretenden que una ley provincial habilite el ejercicio ilegal de una actividad reservada por ley a profesionales con título y matrícula”, afirmaron.

Por último, reiteraron que el proyecto de ley 367/24 “tiene como objetivo restablecer el orden jurídico alterado por décadas de informalidad” y consideraron que su aprobación “es plenamente coherente con el sistema federal”.