El sector LILA de ADOSAC se pronunció contra el proyecto de ley N° 289, Ley de Protección del Entorno Escolar y Educación sin Interferencias,  impulsado por legisladores del bloque Por Santa Cruz, que busca prohibir manifestaciones y expresiones sonoras en las inmediaciones de escuelas durante el horario escolar. En un comunicado titulado “No se puede callar lo que la escuela grita”, advierten que la iniciativa representa “un preocupante retroceso en los derechos democráticos conquistados”.

Desde el sector docente cuestionan que la propuesta —que establece un radio de 200 metros alrededor de los establecimientos donde no se podrían realizar protestas, usar megáfonos, bombos ni generar “ruidos molestos”— busca silenciar el conflicto educativo y vaciarlo de contenido político.

“La prohibición de manifestaciones, concentraciones, bombos, megáfonos o cualquier ‘expresión sonora’ en un radio de 200 metros de las escuelas durante el horario escolar no tiene como fin proteger la educación, sino despolitizar el conflicto educativo y relegarlo al silencio”, afirman en el comunicado.

“Se busca expulsar de la esfera pública una lucha legítima, invisibilizando las causas profundas de una crisis estructural que atraviesa a la educación pública”, añaden.

Además, señalan que esta norma no protege el derecho a la educación, sino que ataca el derecho a la organización y la protesta: “Este proyecto criminaliza el derecho a la protesta, a la organización y a la visibilización de demandas sociales y educativas”.

Según expresan desde LILA, la iniciativa también afecta a la formación democrática de los estudiantes al intentar “borrar la lucha docente del paisaje cotidiano escolar”, quitándoles a los jóvenes “la posibilidad de comprender, participar y crecer en un entorno democrático”.

En ese sentido, advierten que la escuela pública no puede ser despojada de su dimensión política y social: “Se busca expulsar de la esfera pública una lucha legítima, invisibilizando las causas profundas de una crisis estructural que atraviesa a la educación pública”.

El sector concluye que esta ofensiva legislativa interpela a los trabajadores de la educación ”una responsabilidad ética y política ineludible: denunciarlo con firmeza y claridad”.

“Seguiremos en las calles. Seguiremos enseñando a luchar. Seguiremos defendiendo el derecho a una educación pública, crítica y emancipadora”, cerraron.