Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena, el foco ahora se centra en la efectividad del embargo impuesto, que supera los 84 mil millones de pesos. La resolución deja interrogantes sobre cómo y sobre qué bienes podrá efectivizarse esa medida, especialmente considerando las transferencias patrimoniales que ya se realizaron en favor de sus hijos, Máximo y Florencia.
Según estimó el dr. Sergio Luis Macagno, uno de los actores claves en el aporte de pruebas que permitieron la resolución de la causa, podría no alcanzar para cubrir el pedido de la Justicia.
Habló del patrimonio de la familia y de los bienes que, argumentan, pudieron haber tenido antes de iniciar la gestión pública tanto Néstor Kirchner como Fernández de Kirchner, “claramente el patrimonio y el incremento sustancial no es conteste con la práctica profesional”, afirmó.
Macagno aludió a las justificaciones históricas que el kirchnerismo ha esgrimido para explicar su fortuna: “Más allá de que pudo haberse hablado en su momento de una herencia familiar del doctor Kirchner o de su trabajo a partir de ejercer la abogacía y usufructuando la circular 1050 del Banco Central, donde mucha gente perdió sus propiedades por no poder acompañar las cuotas de la inflación -porque él era el abogado de una financiera- claramente esa ecuación económica dista mucho de su prosperidad que se observa: plazos fijos en dólares, propiedades, construcciones que luego hicieron, hoteles, estancias, autos de lujo, etc.”, sostuvo en una entrevista ofrecida a Infomedia24.
“Ahora debe iniciarse el recupero para el estado nacional y provincial de esos bienes”, dijo y puso en énfasis que “el estado de Santa Cruz fue perjudicado claramente. Fueron licitadas obras a 3 años y rescindidas a 10 años, el daño al erario público de la provincia hay que considerarlo”, afirmó.
Lo cierto es que algunos analistas económicos estiman que el patrimonio no alcanzará para recuperar la totalidad del daño que la población ha sufrido.
Sobre la posibilidad de que el embargo sea ejecutable en el marco actual, teniendo en cuenta que muchos de esos bienes fueron heredados o cedidos a terceros, Macagno explicó que “el proceso alcanzará aquellos bienes que se puedan acreditar que fueron parte del incremento patrimonial injustificado o que hayan sido obtenidos en el marco de la administración de fondos públicos”.
Finalmente, el abogado destacó que el desafío judicial será demostrar la trazabilidad entre los bienes en cuestión y el origen ilícito de los fondos: “La clave va a estar en demostrar si esos bienes están directamente vinculados con los delitos por los que fue condenada. Si eso se acredita, aún las cesiones a terceros podrían ser revisadas judicialmente”, detalló.
