Una nueva inspección integral realizada por el Gobierno de Santa Cruz volvió a poner en el centro de la escena al yacimiento minero Oroplata S.A. y al complejo Cerro Negro, ubicado cerca de Perito Moreno, luego de que autoridades provinciales detectaran serias irregularidades ambientales, deficiencias en el manejo de residuos y falencias en condiciones de seguridad dentro del proyecto.
El operativo fue encabezado por las Secretarías de Estado de Minería, de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, y de Recursos Hídricos. Según el informe oficial, durante la recorrida se inspeccionaron sectores vinculados a la gestión ambiental, el manejo hídrico y las condiciones operativas de la mina.
Uno de los puntos más preocupantes estuvo relacionado con el tratamiento de residuos. Los equipos técnicos inspeccionaron áreas de acopio de maderas, neumáticos fuera de uso, chatarra metálica y el Patio de Residuos, donde detectaron deficiencias en la segregación de materiales, presencia de residuos peligrosos mezclados con residuos inertes y fallas en los sistemas de prevención contra incendios.
Además, desde la Secretaría de Recursos Hídricos se advirtieron problemas en el sistema de conducción y bombeo de agua, presencia de agua sobre caminos internos y observaciones vinculadas al manejo hídrico del proyecto. Las autoridades exigieron documentación técnica y la implementación de medidas correctivas inmediatas.
En paralelo, la Secretaría de Estado de Minería inspeccionó la mina subterránea San Marcos, donde se controlaron condiciones geomecánicas, estabilidad de labores, sistemas de sostenimiento y medidas de seguridad destinadas al resguardo del personal que trabaja en el interior del yacimiento.
Luctuoso antecedente y reiteración de irregularidades
Las nuevas observaciones se producen en un contexto especialmente sensible para Cerro Negro. El 9 de abril de 2024, los trabajadores Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa murieron mientras cumplían funciones dentro de la mina, en un episodio que abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el yacimiento.
La causa está siendo instruida en el Juzgado de Instrucción N°1 de Las Heras, a cargo del Dr. Eduardo Quelin. Los familiares de el joven fallecido cuestionan el accionar de la justicia y sienten que se trata de una lucha desigual contra la empresa: “la más grande a nivel mundial de oro y plata, y nosotros somos esto. Un pasacalles y y la familia que lo espera y lo extraña”, señaló Gisela Ochoa, hermana de Daniel, durante una reciente entrevista.
Meses después, en enero de 2025, otro grave incidente volvió a encender las alarmas cuando siete trabajadores resultaron afectados por dióxido de carbono dentro de la mina. Tras ese hecho, el Gobierno provincial ordenó el cese de actividades y emplazó a la empresa a presentar un plan de inversión y acciones correctivas para subsanar los reiterados déficits en materia de ventilación y seguridad.
Ahora, tras esta nueva inspección, las áreas técnicas provinciales volvieron a exigir a la operadora la corrección de las irregularidades detectadas y el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y documentales establecidos por los organismos de control.
Desde el Gobierno de Santa Cruz señalaron que los operativos forman parte de la política de fiscalización impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal para garantizar que la actividad minera se desarrolle bajo criterios de seguridad, control estatal y responsabilidad ambiental.
