Diferentes organizaciones vinculadas a la discapacidad volvieron a reclamar la reglamentación urgente de la Ley Provincial 3820, normativa que establece un nuevo Sistema de Protección Integral de Derechos para Personas con Discapacidad en Santa Cruz.

El pedido fue reiterado por Alfredo Jaramillo, referente de la Fundación Ovillo Terapéutico, quien explicó que la ausencia de reglamentación impide que la ley pueda aplicarse plenamente y limita el acceso efectivo a derechos fundamentales.

“La no reglamentación genera un perjuicio para todas las personas que necesitan de este marco normativo”, sostuvo durante una entrevista con InfoMedia24.

Jaramillo remarcó que la Ley 3820 representa un cambio de paradigma respecto a la legislación anterior, ya que deja atrás una mirada centrada únicamente en la rehabilitación y la salud para avanzar hacia un enfoque basado en derechos, inclusión y participación activa en la vida social.

“Esta ley plantea cuestiones vinculadas al trabajo, la vivienda, la inclusión educativa y los apoyos que necesitan las personas con discapacidad para desarrollarse plenamente”, explicó.

Desde las organizaciones señalaron que, si bien durante el último año se avanzó en mesas de trabajo y consultas con distintos actores, la reglamentación todavía no fue oficializada por el Ejecutivo Provincial.

Según indicó Jaramillo, el proyecto ya habría sido elaborado y actualmente se encontraría bajo análisis dentro del Gobierno.

Además, advirtió que el retraso se produce en un contexto complejo para el sistema de prestaciones destinado a personas con discapacidad.

“El sistema viene golpeado por diferentes decisiones y medidas que afectan directamente a las familias y a quienes necesitan acompañamiento”, expresó.

Entre los puntos más urgentes, las organizaciones remarcan la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, garantizar apoyos adecuados en escuelas y avanzar en herramientas concretas para el acceso al trabajo y a la vivienda.

“La ley habla de activar un sistema de protección de derechos y eso necesita ponerse en marcha cuanto antes”, señalaron.

Mientras tanto, desde el Consejo Municipal de Discapacidad y distintas organizaciones provinciales impulsan campañas de adhesión y recolección de apoyos para visibilizar el reclamo y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de avanzar con la reglamentación.

Jaramillo sostuvo que el objetivo es que “la sociedad entienda que no se trata solamente de discapacidad, sino de derechos y de inclusión real”.