La tensión en la Comisión de Asuntos Constitucionales expuso las dos caras de un debate que trasciende lo retórico y se asienta en datos concretos de la gestión estatal.

Los números y el esquema de control en disputa

El proyecto impulsado por Godoy (Unión por la Patria) sostiene que la estructura de la Sociedad Anónima Unipersonal genera un “Estado paralelo”. La acusación central de la oposición radica en la superposición de facultades: argumentan que el objeto social de la empresa absorbe competencias que deberían ser exclusivas de los ministerios tradicionales, operando bajo normativas privadas que, a criterio del legislador, abren la puerta a la discrecionalidad en el manejo de recursos estratégicos.

Frente a esta embestida legal, el presidente de la empresa, Gustavo Sívori, presentó ante la comisión los datos operativos que, según el oficialismo, desmienten la tesis de la oposición:

• Autonomía del Tesoro: Sívori aseguró que, a diferencia de las carteras ministeriales, Santa Cruz Puede no requiere fondos del Tesoro Provincial para cubrir salarios de su personal ni gastos corrientes (como combustible u operatividad), sosteniéndose con las utilidades de sus propios negocios.
• Doble Auditoría: Rechazó la acusación de falta de transparencia, argumentando que la SAU está sujeta a los controles de la Ley de Sociedades Comerciales y es auditada regularmente por el Tribunal de Cuentas de la provincia.
• Matriz productiva en 14 meses: Destacó que en poco más de un año de gestión, la herramienta permitió reactivar áreas abandonadas por administraciones anteriores, incursionando directamente en la siembra y el procesamiento de pescado.

“Querer dejar en la calle a la gente tiene sus bemoles. Cuando un privado quiere venir a poner dinero en la provincia a través de Santa Cruz Puede y ve un proyecto de disolución, la piensa varias veces”, sentenció Sívori, marcando el impacto económico directo que tiene el hostigamiento legislativo sobre la llegada de capitales.

El impacto social: 300 familias contra el discurso político

Fuera del recinto, la frialdad de los expedientes chocó con el reclamo directo de los trabajadores. La manifestación expuso lo que consideran una contradicción insostenible por parte del diputado Godoy: embanderarse en la defensa de los derechos laborales mientras impulsa una ley que implica el despido inmediato de 300 empleados.

Las cifras y programas expuestos por los trabajadores en las puertas de la Legislatura reflejan el alcance territorial de la SAU en Río Gallegos:

• Generación de Primer Empleo y Oficios: La empresa absorbió a jóvenes que ingresaron por primera vez al mercado formal, capacitándolos en rubros técnicos como hidroponía, construcción en seco e idiomas.
• Contención de Precios: A través del Mercado Central, la empresa sostiene líneas de venta comunitaria de frutas y verduras, funcionando como un regulador de precios para que los vecinos puedan hacer frente a la inflación mensual.

“Somos 300 familias que dependemos de esta empresa. Que el diputado Godoy no se llene la boca diciendo que apoya al trabajador cuando quiere dejarnos en la calle. Es una empresa que puso de pie a Río Gallegos”, exigió Giselle Soto, una de las voceras de los empleados.

El ultimátum de los trabajadores es claro: exigen que los legisladores envíen el proyecto al archivo definitivo para eliminar el riesgo de que la disolución vuelva a tratarse el próximo año.